La Ley de Transparencia empieza a funcionar en un momento en que la corrupción ocupa gran parte del debate público. Aspira a cambiar la mentalidad en la Administración Pública y convertirse en una auditoría ciudadana, pero muchos critican que se queda a medio camino para lograrlo.
Hoy entra el vigor la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Una deuda histórica del ordenamiento jurídico con los ciudadanos. España, al comienzo de la legislatura, era elúnico país del continente con más de un millón de habitantes que no tenía una legislación de estas características.
Conceptos tan abstractos como ‘transparencia’ y ‘buen gobierno’ se han puesto de moda a raíz del descontento social evidente. ¿Sabrá satisfacer esta ley las nuevas necesidades de información de la ciudadanía?
La ley fija tres objetivos: incremento de la transparencia, reconoce y garantiza el acceso de los ciudadanos a la información y establece las obligaciones de buen gobierno. Además, establece lacreación de un Consejo de Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda, y, como medida estrella, la puesta en marcha de un portal electrónico para canalizar las consultas y las publicaciones.
Novedades
Lo cierto es que partir de ahora se tendrán que dar a conocer datos inéditos como, por ejemplo, los contratos menores de la Administración, que se harán públicos cada tres meses. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y las empresas privadas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas, tendrán obligaciones de transparencia.
Así, deberán hacer público su organigrama y currículos de altos cargos; sus convenios y subvenciones de la administración; sus cuentas y más. Sin embargo, no tendrán obligación de responder al ciudadano.
«Va a suponer un cambio de mentalidad para políticos y funcionarios, ya que deberán publicar y facilitar mucha de la información que se les solicite. En gran medida, esta ley contribuye a ir acabando con el ‘vuelva usted mañana’ o ‘no podemos facilitarle esa información’. Podremos consultar el personal contratado, salarios de altos cargos, subvenciones otorgadas, presupuestos », explica Santos Ortega, consultor de Comunicación y Asuntos Públicos.
Entre las funciones del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, que estará previsiblemente presidido por Ester Arizmendi, «se encuentra el conocimiento de las reclamaciones que se presenten en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información y el control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia».
En cuanto al portal, la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto en valor en múltiples ocasiones su importancia. «Recogerá en un mismo punto toda la información sobre contratos, subvenciones e información presupuestaria», así como «el montante de las retribuciones de los altos cargos». Este portal contará con una ventanilla permanentemente abierta 24 horas y siete días a la semana, a la que los ciudadanos podrán acudir para solicitar información, según la ‘número dos’ del Gobierno.
Transparencia.gob.es, que estará disponible desde hoy a las 12 del mediodía, contará con medio millón de datos. Para su creación han trabajado más de 80 funcionarios y ha tenido un coste de web 300.000 euros. Según señaló ayer el Gobierno, contará con información sobre subvenciones o convenios y contratos, entre otas. Parte de la información estaba ya disponible, pero se ha colgado mucha nueva y centralizado la que estaba «desperdigada» Además, incluirá los sueldos en bruto de los altos cargos (de director general para arriba) y su CV. Por su parte, hay datos que solo se conocerán mediante peticiones que los ciudadanos reclamen (tendrá que ser respondida en 30 días).
Críticas a la ley
Pese al cambio de escenario que plantea esta ley, hay quien echa en falta algunos elementos fundamentales y valora negativamente otros. Por ejemplo, la vinculación del Consejo de Transparencia con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (depende de él y es éste el que propone qué persona lo preside) y que no haya participado en la elaboración de la ley. A esto se suma que falta por desarrollar el reglamento y este tipo de leyes en otras Administraciones como las Comunidades Autónomas.
Victoria Anderica, de Access Info Europe (una organización que se dedica a promover el derecho a la información), cree que hay un fallo de partida, que es ligar esta norma al artículo 105 de la Constitución (que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la Administración) y no al 20, que reconoce la libertad de expresión tal y como lo han hecho otros países. De hecho, Access Info sitúa la calidad de nuestra en el puesto 64 de los 100 países cuyas leyes de transparencia han sido analizadas.
Para Javier de Vega, responsable de comunicación de la Fundación Civio, «el contenido de la ley está por debajo de los mejores estándares, y eso no es empezar con buen pie». En concreto, se refiere al hecho de mantener el silencio negativo (si no te responden en un mes, tu solicitud de información se da por denegada). En el caso de realizar una segunda consulta sobre el mismo tema a través del portal, éste puede actuar igual, lo que podría implicar un doble silencio negativo.
También señala que sería importante favorecer el acceso a información auxiliar, «como la de borradores, notas, resúmenes, comunicaciones e informes de las instituciones» o evitar límites al acceso a información tan ambigua como el de «garantizar el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones». Así, considera «que la voluntad política que exhibe el Gobierno no es suficiente para acabar con la opacidad institucional».
Otra de sus carencias es que no incluye «la obligación de dar a conocer los nombramientos, funciones y experiencia de los asesores de los altos cargos del Estado», añade De Vega.
Ortega, por su parte, explica que «al ser un tema tan importante y transversal para nuestra democracia, se echa en falta que la ley haya salido adelante con los votos del PP y el PSOE sumados al de otras fuerzas parlamentarias». No obstante, solo ha recibido el apoyo de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y ha recibido el rechazo del PSOE, La Izquierda Plural, UPyD y el resto del Grupo Mixto.
Anderica destaca que deja organismos fuera del control del consejo y pone de ejemplo que «se seguirán sin conocer los viajes del Congreso». También destaca la falta de información que seguirá sobre los servicios básicos privatizados. «No se sabe nada sobre las empresas que gestionan hospitales, el agua, etc.», añade.
Lobbies fuera
Por otro lado, hay que destacar que los lobbies permanecen al margen de la Ley de Transparencia. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), indica que desde la asociación se intentó incluir la regulación de los grupos de interés en esta ley. «Hace falta regular esta actividad en su relación con cada nivel de la administración: Cortes Generales, parlamentos autonómicos y Gobierno», explica.
En Bruselas, en 2008, la Comisión Europea abrió el Registro voluntario de intereses, que según consta en la página web del registro está abierto a todas las entidades que llevan a cabo «actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas».
Pese a todo, Ortega concluye: «Aunque las leyes no acaban con la corrupción, este nuevo escenario de transparencia subirá los estándares éticos al igual que han ido subiendo en los propios ciudadanos con la llegada de la crisis económica».
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