Madrid, 4 feb (EFECOM).- El Gobierno ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2016, el Fondo Social de Vivienda, que cuenta aún con más de 4.500 pisos de la banca para ofrecer en alquiler a precio reducido a personas que perdieron su vivienda después del 1 de enero de 2008 tras el impago de su hipoteca.
A finales de noviembre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había anunciado que se estaba tramitando la prórroga de dicho fondo, además de que el Ejecutivo estudiaba ampliar la moratoria hipotecaria, que está en vigor hasta mayo de 2015.
En un comunicado, el Ministerio de Economía ha confirmado hoy la prórroga del Fondo Social de Viviendas, puesto en marcha a principios de 2013 a iniciativa del Gobierno, y que apenas había adjudicado unos 750 inmuebles un año después de su puesta en marcha.
Y al año siguiente, el ritmo de alquiler ha sido muy similar, puesto que hasta la fecha sólo 1.465 familias han recibido una de estas viviendas, lo que se traduce en que quedan disponibles 4.535 propiedades, que ahora se ofrecerán hasta enero de 2016.
Para acceder a una de estas viviendas es necesario que una familia haya perdido su residencia habitual tras el impago de su hipoteca después de enero de 2008, tenga unos ingresos mensuales inferiores a 1.597 euros y que ninguno de sus miembros tengan una vivienda en propiedad.
Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a su cargo, algún discapacitado, estar en paro o sin prestaciones, ser víctimas de violencia de género, mayores, prejubilados o jubilados y todas aquellas personas con circunstancias de vulnerabilidad social.
Y como novedad, a pesar de que la situación económica haya mejorado, De Guindos cumple con su promesa de que se abriría la puerta para que «en casos excepcionales» una persona pueda acceder a una de estas viviendas ya que ahora se incluye el requisito de «haber avalado con su vivienda a sus hijos o nietos».
El Fondo Social de Viviendas es una de las medidas, junto al Código de Buenas Prácticas y la moratoria para desahucios, que el Gobierno ha puesto en marcha y de las que en conjunto se han beneficiado unas 30.000 familias.
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