El ministro de Justicia, Rafael Catalá no ve posible que se devuelva el dinero recaudado con las tasas judiciales, ya que el tiempo que estuvo en vigor fue legal, y el TC no se ha pronunciado aún ante los recursos de inconstitucionalidad presentados.
Durante su participación en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y Thomson Reuters Aranzadi, Catalá ha precisado que «no conoce ningún antecedente por el cual, como consecuencia de una rebaja o de una supresión de impuestos, se haya hecho un enfoque revisionista hacia atrás durante el tiempo que se han devengado. No entiendo cómo sería posible devolver algo que durante el tiempo que estuvo en vigor fue plenamente legal».
Sin embargo, ante las observaciones de los periodistas, ha reconocido que esta situación podría cambiar dependiendo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que tiene cinco recursos presentados contra las tasas. «Habrá que esperar a que el TC tome una tome una decisión y ver en qué términos lo hace», aseguró.
En su intervención, Catalá detalló algunas de las propuestas que están en marcha y que se quieren culminar antes de acabar la legislatura, además de dejar proyectos acabados y comisiones de expertos en marcha para facilitar el camino al próximo en el cargo. «No quiero convertirme en un ministro estrella. El ministro de Justicia no está para dar titulares sino para promover reformas».
El ministro repasó algunas de las novedades expuestas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros sobre los proyectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, se refirió a la decisión de conseguir «papel cero» a partir del 1 de enero de 2016, ante la incredulidad de parte del sector legal. «Me sorprende que profesionales del sector tengan esa reacción, porque nadie mejor que ellos saben que es posible porque todos tienen herramientas electrónicas para ello», aseguró.
El ministro adelantó que el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se aprobará previsiblemente en el Consejo del próximo 13 de marzo. Esta modificación contempla una regulación de los tiempos de instrucción: seis meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas.
Cambio en la Audiencia
El titular de Justicia se ha referido al nombramiento del nuevo magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata y ha cuestionado el sistema de elección de candidatos. «No me parece correcto que se cumplan los destinos por mera antigüedad, debería primar la especialización de la carrera y la cualificación», aseguró.
Sobre su pasado en el equipo del exministro socialista Caamaño, Catalá ha dicho «creer en la profesionalidad e independencia de todos los miembros de la carrera judicial. No creo que ningún empleado público lleve la ideología al puesto de trabajo». En todo caso el ministro ha añadido que podrá ser recusado si no actúa de forma independiente en el órgano que instruye casos como la Gürtel o los papeles de Bárcenas.
Rafael Catalá también ha hablado en su intervención ante la prensa de si los imputados deberían presentarse, o no, a las elecciones. «La mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas, porque hay imputaciones que se archivan y, por tanto, deberíamos hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo», ha precisado. Catalá ha recordado que su ministerio promoverá una modificación del uso del término, que pasaría a definirse como «investigado».
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