El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que «no es razonable» que la legislación española conceda sólo un mes de plazo a los consumidores para oponerse a una ejecución hipotecaria cuando consideran que existen cláusulas contractuales abusivas.
El jurista pide a la máxima instancia judicial europea que declare la normativa española contraria a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Margen imposible
El jurista entiende que ese plazo, como lo plantea la legislación española, hace imposible o muy difícil que los consumidores puedan ejercer su derecho a oponerse a la ejecución hipotecaria reconocido en la directiva europea, ya que puede haber transcurrido, por ejemplo, sin que los consumidores hayan podido conseguir asesoramiento eficaz ni ejercitar las acciones necesarias para defender sus derechos.
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